Mientras Alan García y Luiz Inácio Lula Da Silva se reunían el miércoles en Manaos para dar los últimos retoques el Acuerdo de Integración Energética Perú-Brasil, las comunidades ashaninkas peruanas del Río Ene, diezmadas y desplazadas de sus territorios durante las dos décadas de violencia política, asistían impotentes a una negociación que puede desplazarlas nuevamente de sus territorios ancestrales.
Este acuerdo, cuyo contenido es llevado con mucha reserva por ambos gobiernos, prevé la construcción en la amazonía peruana de centrales hidroeléctricas que durante 30 años comprometerán para su exportación a Brasil una capacidad acumulada de más 6000 MW.
En la práctica, este hecho supondrá, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la construcción por capitales brasileños de hasta 6 mega centrales que inundarán miles de hectáreas de una biodiversidad única y convertirán en desplazados a los pueblos campesinos e indígenas que las habitan.
En las tres últimas décadas, 3 millones de personas han sido desplazadas en Brasil para la construcción de hidroeléctricas, según el Movimiento de Afectados por Represas (MAB). Hoy, la demanda de energía insatisfecha de este gigante de casi 200 millones de personas le obliga a extender las represas fuera de sus fronteras y, con ellas, también los conflictos sociales y ambientales.
Un acuerdo 'astuto'
En ninguno de los 15 artículos del 'Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes a Brasil' se especifica cuantos proyectos hidroeléctricos se 'promoverán' ni cual será su localización exacta.
"La capacidad acumulada de todas las centrales de generación que se puedan comprometer a la exportación a Brasil será como máximo de 6000 MW más una tolerancia del 20%", reza el artículo 3.
"Es un acuerdo muy astuto porque al no identificar los proyectos sino el volumen de energía, los gobiernos evitan que podamos hacer cálculos para saber el número total de hectáreas inundadas y de poblaciones que serán desplazadas", explica a ELMUNDO.es Mariano Castro, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, quien denuncia el 'apresuramiento' de ambos líderes en concretar su firma.
"El Perú hoy día tiene un potencial de energía limpia nueve veces mayor que la demanda interna, por lo tanto, no hay justificación suficiente para que se apresuren en construir estas centrales y tengamos que asumir todos los costos ambientales y sociales", denuncia el experto.
Por su parte, los mandatarios hacen gala de sus excelentes relaciones bilaterales y evitan meterse en estos terrenos farragosos. Se limitan a anunciar que el acuerdo permitirá a Perú tener energía para el mercado interno a precio regulado y que sólo el excedente eléctrico será exportado a Brasil.
Sin garantías ambientales
Mientras que el acuerdo es muy explícito en fijar las cuotas energéticas de exportación, es vago en lo relacionado con los costos sociales y ambientales. Su artículo 9 sólo sostiene que "todas las actividades que se realicen para el cumplimiento del presente Acuerdo (..) se efectuarán en un contexto de desarrollo sostenible".
La falta de salvaguardas sociales y ambientales de estos acuerdos ha motivado que se conforme una plataforma integrada por universidades y organizaciones medioambientales, quienes denuncian que al inundar el bosque amazónico se generarán gases invernaderos, producto de la putrefacción de la materia orgánica. Por ello-afirman- una hidroeléctrica en la amazonía contamina 10 veces más que una central a carbón.
Según esta plataforma, una de las represas de capitales brasileños que se beneficiará de este acuerdo de exportación estará en Inambari, en la región de de Madre de Dios, una zona que alberga el mayor número de áreas naturales protegidas del país.
Esta central hidroeléctrica inundará 40 mil hectáreas, convirtiéndose en la más extensa de Perú y la 5ª más grande de América. Para su construcción, 3400 personas que habitan centros poblados de los departamentos de Puno, Madre y Cusco tendrían que ser desplazadas. Desde el anuncio de este proyecto hidroeléctrico, Inambari ha protagonizado paros y protestas multitudinarias.
Sin consulta previa a los pueblos indígenas
Otra de centrales hidroeléctricas sería la de Pakitsapango, en el distrito de Junín. A través de una resolución, el Ministerio de Energía y Minas ya ha autorizado a una empresa a realizar los estudios de factibilidad necesarios para iniciar este proyecto.
Para el Pueblo Ashaninka que habita el área concesionada, Pakitsapango (Casa del Águila) es un territorio sagrado.
"Esta concesión se superpone al territorio de 10 de nuestras comunidades nativas, así como la cuenca del Río Ene y fue otorgada sin informarnos ni consultarnos (…), colocándonos en una situación de vulnerabilidad y demostrando, una vez más, la falta de respeto del Gobierno Peruano hacia nuestra forma de vida y nuestros derechos", reza el pronunciamiento público emitido el pasado 8 de mayo por las comunidades ashaninkas de la cuenca del río Ene.
Hasta el momento, el Ejecutivo peruano no promulga la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso a finales de mayo. Esta ley obligará al Estado, tal y como establece el Convenio 169 de la OIT, a consultar a las comunidades indígenas antes de otorgar en concesión un proyecto que las afecte.
"Me parece inaudito que se firme el acuerdo energético con Brasil sin tener cuenta los derechos de los pueblos originarios", opina la congresista Gloria Ramos, miembro de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso. "Hay un cálculo político para no aprobar la ley de consulta previa. Con la firma del convenio con Brasil se demuestra que seguimos con la lógica que causó el Baguazo".
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