La Unión Europea presenta este miércoles en Bruselas su plan de lucha contra el cambio climático, que se anuncia muy costoso, tanto para las empresas obligadas a adaptarse, como para los consumidores, que deberán soportar alzas de los precios.
Fuente: AFP
El plan se basa en tres grandes ejes: la reducción drástica de las emisiones industriales, el final de los permisos gratuitos para contaminar y un mayor porcentaje de energías renovables en el consumo del bloque.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, prometió limitar el monto de la factura anual al 0,5% del PIB (Producto Interior Bruto) de la UE, es decir unos 60.000 millones de euros. Sin embargo, fuentes comunitarias juzgan más realista hablar del doble, unos 120.000 millones de euros anuales, es decir el 1% de la riqueza europea.
Según lo acordado en una cumbre de Bruselas en marzo de 2007, la UE se comprometió a reducir en un 20% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) con respecto a los niveles de 1990, proponiendo incluso un esfuerzo adicional para llevar esa cifra al 30% en caso de entendimiento internacional.
Los líderes de la UE también habían acordado elevar al 20% en 2020 el porcentaje de energías renovables (eólica, solar, biomasa, geotérmica) en el consumo total del bloque, contra el 8,5% actual. La tercera decisión adoptada fue la de aumentar al 10% el uso de biocarburantes en el sector del transporte en 2020.
Pero si los 27 estuvieron de acuerdo en asumir esos compromisos globales, ahora los gobiernos nacionales cuestionan el cálculo y la forma de reparto de los esfuerzos propuestos por Bruselas, mientras que los industriales agitan el fantasma de los traslados de fábricas.
La negociación se anuncia muy difícil, ya que el plan de Bruselas debe ser aprobado por el Europarlamento y todos los Estados miembros. Durao Barroso espera de todos modos un acuerdo para fines de 2008.
El derecho a contaminar es el punto clave del conjunto de propuestas de la Comisión Europea. Se trata de poner en venta a partir de 2013 las cuotas de emisiones de CO2 (dióxido de carbono) otorgadas hasta ahora de forma gratuita a los industriales, que ya comenzaron a presionar a los gobiernos nacionales y la Comisión para modificar el texto.
Según el eurodiputado verde Claude Turmes, esta presión no se justifica, en especial porque algunas industrias, como los productores de electricidad, ya obtuvieron "ganancias indebidas por 30.000 millones de euros anuales", al incluir por adelantado en sus tarifas el valor de los permisos de contaminar que sin embargo han estado recibiendo de forma gratuita. "Sabemos que el precio de 23 euros por tonelada de carbono está incluido en el precio de la energía actualmente", reconoció la Comisión Europea, lo que no evitaría sin embargo un aumento del 10 al 15% de las tarifas de ese servicio, según fuentes europeas.
Las emisiones de CO2 de la industria (más de 2.000 toneladas de toneladas en 2005) representan la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. La otra mitad proviene de los transportes, la agricultura y los residuos.
Durao Barroso indicó que el costo de las medidas debería ser compensado por los ahorros en importaciones de gas y petróleo de la UE, de 50.000 millones de euros anuales. En cuanto a la venta de permisos para contaminar, estos deberían generar otros 50.000 millones de euros, monto que iría a parar a las arcas de los Estados miembros y serviría para financiar las innovaciones técnicas necesarias para la reducción de emisiones.
Bruselas espera mucho de las negociaciones sobre cambio climático iniciadas en Balí en diciembre de 207 y apuesta por un acuerdo internacional en 2009 para limitar el impacto de la factura.
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