Este enero y febrero fueron testigos de una oleada de tumultos en Oriente Medio que desembocaron en el derrocamiento de los regímenes en Túnez y Egipto. Una cosa peculiar fue el papel que desempeñaron en estas revueltas el Internet y las redes sociales.
Los recursos como Twitter y YouTube inmediatamente se convirtieron en depósitos de información sobre las insurrecciones en Túnez y Egipto, mientras que Facebook resultó ser un instrumento vital, primero para compartir la información sobre abusos policiales en Egipto, y después para organizar a la comunidad que se uniría a los protestas del 25 de enero.
Una sóla página en Facebook, fundada por un director de Google en Egipto, Wael Ghonim, quien pasaría 12 días en detención por llamar a protestas contra el régimen de Hosni Mubarak y exigir derechos fundamentales, rápidamente ganó el apoyo de más de 100.000 personas.
Que las autoridades egipcias bloquearan el tráfico de Internet en medio de las protestas del 27 de enero no necesita explicaciones, y ese fue el momento cuando varios jugadores del mercado cibernético sumaron sus esfuerzos para construir un túnel informático para los egipcios.
Google y Twitter cooperaron para proveer un nuevo servicio, speak2tweet, que recogería los mensajes de voz que dejaron los manifestantes llamando de sus móviles.
Al restaurarse el tráfico, YouTube aceptó miles de videos colocándolos en su CitizenTube, canal de noticias y política, para facilitar la búsqueda y divulgación.
Tras ser liberado Ghonim, encargado en Google de marketing en Oriente Medio y el norte de África, dijo que “las protestas no habrían sido incitadas si no hubiera sido por las redes sociales”.
Algunos de esos nuevos medios utilizaron sus logros en las revoluciones en Túnez y Egipto para declarar su papel como plataforma para cambios democráticos.
El consejero delegado de Google, Eric Schmidt, apreció la aportación de su empleado a las protestas antigubernamentales en Egipto. “Estamos muy orgullosos de lo que Wael Ghonim logró hacer en Egipto”, dijo.
Twitter ahora acoge las cuentas en idiomas persa y árabe lanzadas por el Departamento de Estado de EE. UU. para establecer contacto y discutir valores democráticos con usuarios de las redes sociales en Irán, donde también han estallado protestas antigubernamentales, y otros países de Oriente Medio.
En su discurso sobre la libertad en Internet pronunciado el martes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, prometió abrir semejantes cuentas en ruso, hindú y chino, además de español y francés.
Clinton advirtió en la Universidad George Washington que los Gobiernos que tratan de restringir el acceso a Internet a sus ciudadanos se arriesgan a ser derrocados por sublevaciones, tal como ocurrió en Egipto o Túnez.
Además, precisó que el Gobierno planea proporcionar unos 25 millones de dólares este año para elaborar tecnologías y herramientas que ayuden a romper barreras impuestas por distintos Gobiernos en la Red.
Pero Facebook se mantiene al margen de tales declaraciones. Es más, la red social se niega a ceder a llamadas que cambie su política que requiere que los usuarios se registren bajo sus nombres reales.
Bajo estas reglas la empresa, que dice buscar la mejor protección de sus clientes contra el fraude, se reservó el derecho de cerrar las cuentas de los que escriben bajo seudónimos.
Según algunos activistas de derechos humanos, estos requerimientos ponen en riesgo a los que se oponen a sus gobiernos en países no democráticos.
El diario estadounidense The New York Times citó a algunos directores de Facebook que prefirieron el anonimato por discutir los negocios internos de la empresa.
Señalaron que la compañía se niega a apartidarse por temer que ciertos mercados, como Siria adonde acaba de extenderse, puedan imponer restricciones de acceso como lo hicieron ya China, Arabia Saudita e Irán.
Facebook no es el único para el que se acaban la libertad de Internet en ciertos momentos. En el Congreso estadounidense se está considerando el proyecto de ley "Protecting Cyberspace as a National Asset Act" (PCNAA).
La propuesta pretende darle al presidente del país el poder para cortar la conexión de Internet en situaciones de emergencia tales como ciberataques masivos.
En caso de ser aprobada la ley, los operadores de Internet, los buscadores y los fabricantes de software seleccionados por el Gobierno estarán obligados a cumplir "inmediatamente", y bajo riesgo de multa, las medidas de emergencia impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional.
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